A modo de introducción



  • SENTENCIA 48/2002, de 25 de febrero (BOE núm. 80, de 03 de abril de 2002)

  • ECLI:ES:TC:2002:48




II. Fundamentos jurídicos 1. Los demandantes solicitan amparo frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (sede de Málaga) de 6 de febrero de 1998 que estima parcialmente el recurso de suplicación núm. 996/96, revocando la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Málaga de 25 de diciembre de 1995, en el sentido de declarar la improcedencia de los despidos de los actores, con las consecuencias legales inherentes a tal declaración. Sostienen los recurrentes que la Sentencia impugnada en amparo ha vulnerado su derecho a no sufrir discriminación por razón de afiliación a un sindicato (arts. 14 y 28.1 CE). Impugnan asimismo, con carácter subsidiario, el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 1998, por el que se declara la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 1895/98, interpuesto contra la Sentencia de suplicación por ambas partes procesales. Según los recurrentes, el Auto ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en la vertiente de acceso a los recursos, al aplicar de forma rigorista y arbitraria la causa de inadmisión prevista en el art. 217 LPL. El Ministerio Fiscal rechaza la queja dirigida contra el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, interesando en cambio el otorgamiento del amparo en cuanto a la queja relativa a la lesión del derecho a no sufrir discriminación por razón de pertenencia a un sindicato que se imputa a la Sentencia recaída en suplicación. Por su parte, la representación procesal del Ayuntamiento de Fuengirola solicita la desestimación del amparo, conforme a los argumentos que han quedado sucintamente relatados en los antecedentes de la presente Sentencia.

2. Indicadas así las pretensiones de los intervinientes en este proceso, conviene precisar a continuación cuál ha de ser el orden en que hemos de examinar las quejas de los demandantes de amparo, en atención a los criterios expuestos en nuestra jurisprudencia (entre otras, SSTC 307/1993, de 25 de octubre, FJ 1; 116/1997, de 23 de junio, FJ 1, in fine; 15/1997, de 29 de septiembre, FJ 2; 56/1998, de 16 de marzo, FJ 2; 19/2000, de 31 de enero, FJ 2; 96/2000, de 10 de abril, FJ 1 y 31/2001, de 12 de febrero, FJ 2). Pues bien, en atención a dichos criterios, cabe observar que la eventual estimación de la queja referida a la supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en el Auto de inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina daría lugar a la anulación de esta resolución judicial, con retroacción de actuaciones a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo para que entrase a conocer del fondo de las cuestiones planteadas en el referido recurso. Por lo que, en conclusión, hemos de comenzar nuestro examen por la queja dirigida contra el meritado Auto antes de entrar a enjuiciar la vulneración del derecho a no ser discriminado por razón de afiliación sindical que se imputa a la Sentencia recaída en suplicación.

3. Con relación al derecho de acceso a los recursos (art. 24.1 CE), que los recurrentes consideran vulnerado al haberse inadmitido el de casación para la unificación de doctrina por el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que impugnan, debe comenzarse por recordar que, conforme a doctrina reiterada de este Tribunal, el derecho de acceso a los recursos (salvo en materia penal, en la que la doble instancia es una exigencia constitucional) sólo surge de las leyes procesales que regulan dichos medios de impugnación, por lo que la interpretación de las normas que contemplan causas de inadmisión de recursos es competencia exclusiva de los órganos judiciales. Por ello, cuando se alega una supuesta lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho de acceso a los recursos, el control constitucional de esas resoluciones judiciales es meramente externo y debe limitarse a comprobar si tienen motivación y si han incurrido en error material patente, en arbitrariedad o en manifiesta irrazonabilidad lógica, evitando toda ponderación acerca de la corrección jurídica de las mismas (SSTC 37/1995, de 7 de febrero, FJ 5; 58/1995, de 10 de marzo, FJ 2; 142/1996, de 16 de septiembre, FJ 2; 211/1996, de 17 de diciembre, FJ 2; 76/1997, de 21 de abril; FJ 2; 39/1998, de 17 de febrero, FJ 2; 23/1999, de 8 de marzo, FJ 2; y 258/2000, de 30 de octubre, FJ 2, entre otras muchas). En el caso que nos ocupa no se advierte en el razonamiento contenido en el Auto impugnado para declarar la inadmisión del recurso de casación irrazonabilidad, error patente o arbitrariedad, por lo que no cabe entrar a revisar el mismo en esta sede, de conformidad con la citada doctrina. En efecto, se razona en el Auto que el supuesto enjuiciado en la Sentencia de contraste es por completo distinto al que se contempla en la Sentencia recurrida, pues en aquel caso se trataba de un despido disciplinario en el que se imputaba a la trabajadora despedida una disminución en el rendimiento y un incumplimiento de las órdenes empresariales, dándose la circunstancia de que la trabajadora acreditaba periodos de baja por amenaza de aborto y por maternidad, seguidos de una reducción de jornada para cuidado de hijo, así como su candidatura sindical, situación de hecho que difiere totalmente del presente asunto. En definitiva, el Auto impugnado ha razonado suficientemente, desde la perspectiva constitucional, que no se producía una identidad de hechos ni, consecuentemente, de contradicción, entre la Sentencia impugnada y la que se aportó como contraste (arts. 217 y 223 LPL), lo que determina una respuesta de inadmisión del recurso que satisface plenamente el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, debiendo por tanto rechazarse esta queja. En otro orden de consideraciones, debemos precisar que el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por los demandantes no puede tildarse de recurso manifiestamente improcedente, por lo que no cabe considerar que haya existido en el presente caso una prolongación artificial de la vía judicial que ocasione la inadmisión del recurso de amparo por incumplimiento del requisito de presentación del mismo dentro del plazo de caducidad establecido en el art. 44.2 LOTC. En efecto, es doctrina reiterada de este Tribunal que las exigencias del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) han de armonizarse con el respeto al pleno contenido del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), lo que conduce a una aplicación restrictiva del concepto de recurso improcedente, circunscrita a los casos en que tal improcedencia derive de manera terminante, clara e inequívoca del propio texto legal, sin dudas que hayan de resolverse con criterios interpretativos de alguna dificultad (SSTC 10/1998, de 13 de enero, FJ 2; 43/1998, de 24 de febrero, FJ 2; 4/2000, de 17 de enero, FJ 2; y 78/2000, de 27 de marzo, FJ 2, por todas). Tal acontece en el presente caso, en el que los demandantes, entendiendo que existía doctrina contradictoria en cuanto a la apreciación de la discriminación sindical en materia de despidos, decidieron acudir a la posibilidad prevista en el ordenamiento jurídico para unificarla, dando así a la jurisdicción ordinaria todas las posibilidades de remediar la vulneración de los derechos que ante nosotros denuncia. Por lo demás, como recuerda nuestra STC 211/1999, de 29 de noviembre, FJ 2, “la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina por parte del Tribunal Supremo no comporta que haya de tenerse por manifiestamente improcedente o dilatoria [su interposición] a efectos del cómputo del plazo para recurrir en amparo”.

4. Pasando ya al examen de la queja dirigida contra la Sentencia dictada en suplicación, los recurrentes afirman que la extinción de sus contratos de trabajo por la vía de lo dispuesto en el art. 52.c LET encubre en realidad una represalia empresarial por su condición de afiliados al sindicato UGT, por lo que consideran que la Sentencia ha incurrido en vulneración de los arts. 14 y 28.1 CE, al no haberlo apreciado así. Para dar respuesta a esta queja debe precisarse en primer término que la invocación de la lesión del art. 14 CE resulta redundante respecto del art. 28.1 CE, ya que, según criterio reiterado de este Tribunal, que no es ocioso recordar, cuando se alegan discriminaciones perturbadoras del ejercicio del derecho a la libertad sindical, las hipotéticas violaciones del derecho a la igualdad (art. 14 CE) quedan subsumidas en aquel derecho, salvo que la discriminación impugnada concierna a alguna de las discriminaciones explícitamente proscritas por el art. 14 CE (por todas, SSTC 55/1983, de 22 de junio, FJ 1; 197/1990, de 29 de noviembre, FJ 1, 85/1995, de 6 de junio, FJ 1; 202/1997, de 25 de noviembre, FJ 3; 87/1998, de 21 de abril, FJ 2 y 308/2000, de 18 de diciembre, FJ 2), circunstancia esta última que no concurre en el asunto enjuiciado, al fundarse la supuesta discriminación alegada en la afiliación sindical de los recurrentes.

5. Enfocado así el objeto del presente recurso, nuestro enjuiciamiento debe centrarse en determinar si los recurrentes han sido víctimas de una conducta empresarial contraria a su derecho fundamental a la libertad sindical (art. 28.1 CE). A estos efectos se alega, como ha quedado expuesto en el relato de antecedentes, que la Sentencia de suplicación, al revocar el pronunciamiento de instancia, sustituyendo la declaración de nulidad por la de improcedencia, ha desconocido la doctrina constitucional sobre la inversión de la carga de la prueba cuando se aportan indicios de lesión de derechos fundamentales, lesionando de este modo el derecho de los recurrentes a no sufrir discriminación por motivo de su afiliación sindical. Planteada así la queja, se hace necesario recordar una vez más la importancia que en estos supuestos tiene la regla de la distribución de la carga de la prueba, para garantizar el mencionado derecho frente a posibles decisiones empresariales que puedan constituir una discriminación por motivos sindicales. A tal respecto, este Tribunal ha mantenido de forma reiterada que “cuando se alegue que determinada decisión encubre en realidad una conducta lesiva de derechos fundamentales del afectado, incumbe al autor de la medida probar que obedece a motivos razonables y ajenos a todo propósito atentatorio a un derecho fundamental. Pero para que opere este desplazamiento al demandado del onus probandi no basta que el actor la tilde de discriminatoria, sino que ha de acreditar la existencia de indicios que generen una razonable sospecha, apariencia o presunción a favor de semejante alegato y, presente esta prueba indiciaria, el demandado asume la carga de probar que los hechos motivadores de la decisión son legítimos o, aun sin justificar su licitud, se presentan razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales; no se le impone, por tanto, la prueba diabólica de un hecho negativo —la no discriminación—, sino la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y su carácter absolutamente ajeno a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales” (SSTC 293/1993, de 18 de octubre, FJ 6; 85/1995, de 6 de junio, FJ 4; 82/1997, de 22 de abril, FJ 3; y 202/1997, de 25 de noviembre, FJ 4). Por este motivo, es exigible “un principio de prueba revelador de la existencia de un fondo o panorama discriminatorio general o de hechos de los que surja la sospecha vehemente de una discriminación por razones sindicales” (por todas, SSTC 87/1998, de 21 de abril, FJ 3; 293/1993, de 18 de octubre, FJ 6; 140/1999, de 22 de julio, FJ 5; 29/2000, de 31 de enero, FJ 3; y 308/2000, de 18 de diciembre, FJ 3).

6. La anterior doctrina constitucional conduce a examinar, en primer término, si los recurrentes han acreditado suficientemente la existencia de indicios que generen una razonable sospecha, apariencia o presunción a favor de su alegato. A tal efecto, ha de precisarse que nuestro enjuiciamiento ha de partir del relato de hechos probados resultante de la Sentencia impugnada, lo cual, dado la confusa forma de acoger la Sala el motivo de suplicación del Ayuntamiento referido a la revisión de los hechos declarados probados en la Sentencia de instancia, plantea dificultades para conocer el alcance concreto de la revisión fáctica aceptada por la Sentencia de suplicación. En efecto, según ha quedado expuesto en los antecedentes, si bien parece que acoge íntegramente la revisión de hechos probados propuesta por el Ayuntamiento (lo que obliga a acudir al recurso de suplicación para conocer cómo quedan redactados esos hechos), lo cierto es que tal apreciación debe aceptarse con reservas, pues inmediatamente la Sentencia matiza que tal acogida “resulta en algún caso intrascendente y sometida a la fundamentación posterior”, fundamentación que, en efecto, contradice algún extremo esencial de la pretendida revisión fáctica, como es el relativo a la concurrencia de las circunstancias económicas y organizativas exigidas legalmente para declarar extinguida la relación laboral. En todo caso, conforme a lo que antecede, conviene recordar que tanto la Sentencia de instancia como la de suplicación parten de la acreditación de indicios de discriminación antisindical en los despidos de los recurrentes. Para la Sentencia de instancia, las causas económicas alegadas por el Ayuntamiento para despedir ocultan un móvil discriminatorio por razón de la afiliación sindical de los trabajadores. Ello se deduce de la pertenencia al sindicato UGT de la práctica totalidad de los despedidos, concurriendo la circunstancia de que no se siguieron criterios objetivos para decidir quiénes iban a resultar despedidos, además de que no se negociaron dichas cuestiones con el comité de empresa, y la contratación sin solución de continuidad de otros trabajadores para los mismos puestos de trabajo que los ocupados por los despedidos. En fin, el Ayuntamiento no justificó la existencia de las razones económicas invocadas para proceder a la reducción de plantilla, con lo que no desvirtuó la apariencia de lesión del derecho a la libertad sindical. Por su parte, la Sentencia de suplicación, pese a aceptar la existencia de “lo que pudiera calificarse como un cierto conjunto indiciario de conflictividad entre los actores en cuanto pertenecientes a un Sindicato y la empresa”, considera que el Ayuntamiento ha aportado suficiente y convincente prueba de que la extinción objetiva de los contratos de trabajo es absolutamente ajena a la reprochada conducta lesiva del art. 28.1 CE, entendiendo acreditado que los despidos vienen justificados por las circunstancias económicas por las que atravesaba el Ayuntamiento, si bien estima que no se dan las circunstancias necesarias para declarar extinguida la relación laboral de los actores por causas económicas y organizativas, como previene el art. 52.c LET, por lo que entiende que los despidos deben ser declarados improcedentes al considerar que se trata de una medida desproporcionada, porque no consta que el Ayuntamiento haya acudido a medidas menos drásticas que la reducción de plantilla para intentar solucionar la situación de crisis. Del relato de hechos probados y de lo actuado resulta que el principal indicio de discriminación antisindical en la extinción de los contratos de trabajo reside en el hecho de que de los veintitrés trabajadores despedidos por causas económicas (art. 52.c LET) en virtud del Decreto núm. 3816/1995, de 4 de julio, del Ayuntamiento de Fuengirola, diecinueve de ellos, entre los que se encontraban los recurrentes en amparo, se hallaban afiliados a esa fecha al sindicato UGT (circunstancia que el Ayuntamiento nunca ha negado desconocer y cuyo conocimiento parece obvio si se tiene en cuenta que procedía al descuento en nómina de la cuota sindical). A la circunstancia de que la práctica totalidad de los despidos afectasen a trabajadores afiliados al sindicato UGT, circunstancia llamativa por cuanto en la plantilla del Ayuntamiento existían otros dos sindicatos con representación, ha de añadirse el dato de que no se siguieran criterios objetivos para decidir quiénes iban a resultar despedidos o, cuando menos, no se nos explican cuáles puedan haber sido esos criterios y que el Ayuntamiento de Fuengirola no acudiese, antes de adoptar una medida tan drástica como el despido, a eventuales remedios que pudieran solucionar la presunta situación de crisis económica por la que atravesaba la corporación municipal. De todo ello se deduce (aun prescindiendo del alegato de las supuestas contrataciones para los mismos puestos de trabajo, dada la revisión fáctica aceptada por la Sentencia de suplicación) que los demandantes de amparo han desarrollado una actividad alegatoria suficientemente concreta y precisa en torno a los indicios de existencia de lesión de su derecho de libertad sindical, creando con ello una apariencia o sospecha de comportamiento empresarial contrario al referido derecho fundamental.

7. Alcanzada la anterior conclusión, y con arreglo a la doctrina constitucional más arriba reproducida, correspondía al Ayuntamiento la carga de probar que su decisión de extinción de los contratos de trabajo al amparo del art. 52.c LET se fundaba en causas reales, serias y suficientes para destruir la apariencia de discriminación sindical creada por los trabajadores demandantes, máxime tratándose de un despido por causas económicas no sometido a autorización administrativa previa y teniendo en cuenta que el empleador en este caso es una Administración pública, que ha de actuar siempre con objetividad y plena sumisión a la legalidad (arts. 103.1 y 106.1 CE), sin asomo alguno de arbitrariedad (art. 9.3 CE). El Ayuntamiento ha alegado, como razón motivadora de su decisión de extinguir los contratos por causas objetivas del art. 52.c LET, las dificultades económicas por las que atravesaba la tesorería municipal, que aconsejaban adoptar diversas medidas, entre ellas la de reducción de plantilla. Por otra parte, alega el Ayuntamiento que el hecho de que diecinueve trabajadores de los veintitrés despedidos estuvieran afiliados a UGT se explica por la mayoritaria implantación de dicho sindicato entre los trabajadores del Ayuntamiento de Fuengirola, de suerte que es lógico que resultaran afectados en su mayor parte afiliados a dicho sindicato. En fin, aduce que el art. 52.c LET no establece que deba preceder un procedimiento negociador alguno con los representantes de los trabajadores a la decisión de extinguir los contratos de trabajo por causas objetivas. Sin embargo, los alegatos del Ayuntamiento de Fuengirola no permiten entender destruida la apariencia de discriminación antisindical creada por los indicios aportados por los demandantes. En efecto, justamente por haberse acudido a un procedimiento de extinción de la relación laboral que no exige autorización administrativa, sin que tampoco resulte exigible la negociación con el comité de empresa, el Ayuntamiento venía con mayor razón obligado a desplegar una actividad probatoria dirigida a demostrar inequívocamente que la decisión de despedir fue por completo ajena a la alegada lesión del derecho a la libertad sindical de los recurrentes, y esta carga no puede considerarse cumplida en el caso que nos ocupa. Así, como advierte el Ministerio Fiscal, no se justifica la anómala coincidencia de que la mayoría de los despedidos fuesen afiliados al sindicato UGT, y no puede aceptarse la explicación ofrecida por el Ayuntamiento acerca de la implantación mayoritaria del referido sindicato, por notoriamente insuficiente. Ninguna especial dificultad hubiera entrañado para el Ayuntamiento concretar el número total de trabajadores de la plantilla a la fecha de los despidos, así como el número de afiliados y no afiliados y el porcentaje de afiliación correspondiente a cada uno de los sindicatos con representación en la corporación municipal, a fin de acreditar que la reducción de plantilla no guardaba relación alguna con la condición de afiliados a UGT de los trabajadores afectados. Tampoco explica el Ayuntamiento el criterio objetivo (antigüedad en el puesto de trabajo, edad, rendimiento, etc.), si es que lo hubo, para seleccionar a esos veintitrés despedidos precisamente y no a otros.

8. A ello hay que añadir que aunque se entendiese acreditado que el Ayuntamiento atravesaba dificultades económicas, lo que no ha quedado demostrado en modo alguno es que esa situación de crisis económica constituyera causa objetiva y suficiente para declarar la extinción de los contratos de trabajo de los demandantes por vía del art. 52.c LET. En efecto, la propia Sentencia recurrida considera que no se dan las circunstancias necesarias para declarar extinguida la relación laboral de los actores con fundamento en las causas económicas y organizativas a que se refiere el citado precepto legal, pues el Ayuntamiento no ha acreditado que la medida adoptada resulte adecuada para conseguir la superación de la situación de crisis económica alegada. Sin embargo, pese a que la Sentencia impugnada parte de la premisa de que no se advierte que concurra el requisito de conexión funcional de adecuación o proporcionalidad de la reducción de plantilla operada mediante los despidos de los demandantes con la pretendida superación de la situación económica desfavorable, y asimismo admite la existencia de un conjunto indiciario de conflictividad entre el empleador y los actores por razón de su afiliación sindical, no saca la lógica conclusión de tal premisa, esto es, la nulidad de los despidos, sino que declara la improcedencia de los mismos aplicando al caso la doctrina de este Tribunal acerca de los despidos “pluricausales”, esto es, aquellos despidos disciplinarios en los que, frente a los indicios de lesión de un derecho fundamental, como puede ser la libertad sindical, el empresario alcanza a probar que el despido obedece realmente a la concurrencia de incumplimientos contractuales del trabajador que justifican la adopción de la medida extintiva, razonamiento que ha de ser rechazado, por los motivos que a continuación se expresan. En primer lugar, debemos recordar el verdadero sentido de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en sus SSTC 135/1990, de 19 de julio, 21/1992, de 14 de febrero, y 7/1993, de 18 de enero, sobre los denominados despidos “pluricausales”. Como se recuerda en la STC 7/1993, FJ 4, resumiendo dicha doctrina, “cuando se ventila un despido ‘pluricausal’, en el que confluyen, una causa, fondo o panorama discriminatorio y otros eventuales motivos concomitantes de justificación, es válido para excluir que el mismo pueda considerarse discriminatorio o contrario a los derechos fundamentales que el empresario acredite que la causa alegada tiene una justificación objetiva y razonable que, con independencia de que merezca la calificación de procedente, permita excluir cualquier propósito discriminatorio o contrario al derecho fundamental invocado”. “Subsiste, no obstante, la carga probatoria anteriormente señalada para el empresario, de que los hechos motivadores de la decisión extintiva, cuando no está plenamente justificado el despido, obedezcan a motivos extraños a todo propósito atentatorio contra el derecho fundamental en cuestión. En otras palabras, en aquellos casos en que la trascendencia disciplinaria es susceptible de distinta valoración, el empresario ha de probar, tanto que su medida es razonable y objetiva, como que no encubre una conducta contraria a un derecho fundamental, debiendo alcanzar necesariamente dicho resultado probatorio, sin que baste el intentarlo”. Esta doctrina sobre los despidos “pluricausales”, a la que la Sentencia impugnada se refiere en su planteamiento pero no en las consecuencias probatorias respecto a la lesión alegada del derecho a la libertad sindical, resulta de imposible aplicación al caso que nos ocupa, puesto que, como la propia Sentencia impugnada reconoce, el Ayuntamiento empleador no ha acreditado siquiera que concurrieran las circunstancias objetivas exigidas para proceder a la extinción de los contratos de los demandantes por la vía del art. 52.c LET, esto es, la Sentencia admite que no existe causa para despedir. En consecuencia, si no existe causa alguna para los despidos, mal puede hablarse de un despido “pluricausal”, como no sea quebrantando las más elementales reglas del razonamiento lógico-jurídico, a lo que hay que añadir que la Sentencia impugnada no ofrece tampoco ningún razonamiento para justificar la extensión de la doctrina de este Tribunal acerca del despido pluricausal, limitada a los despidos disciplinarios, a la extinción de contratos por causas objetivas del art. 52.c LET.

9. En definitiva, en el presente supuesto ha quedado acreditada por los trabajadores la existencia de indicios de una actuación empresarial contraria a la libertad sindical (art. 28.1 CE), mientras que por parte del Ayuntamiento empleador no se ha demostrado la existencia de causas objetivas y razonables suficientes que hubieran permitido destruir la apariencia discriminatoria creada y alcanzar la necesaria convicción de que su actuación había sido ajena a todo propósito atentatorio a la libertad sindical. Más aún, el Ayuntamiento ni siquiera ha acreditado la existencia de circunstancias económicas u organizativas objetivas para proceder a la extinción de los contratos de trabajo de los demandantes de amparo por la vía del art. 52.c LET. La ausencia de prueba trasciende de este modo el ámbito puramente procesal y determina, en último término, que los indicios aportados por los demandantes desplieguen toda su operatividad para declarar la lesión del derecho fundamental a la libertad sindical (SSTC 90/1997, de 6 de mayo, FJ 5; 74/1998, de 31 de marzo, FJ 7; y 87/1998, de 21 de abril, FJ 5). Siendo esto así, debemos concluir que la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía impugnada en amparo no cumplió las exigencias de la doctrina constitucional sobre la distribución de la carga de la prueba en los supuestos en que se invoca y acredita la existencia de indicio de lesión de derechos fundamentales de los trabajadores en la actuación empresarial y, por consiguiente, no reparó —y lesionó por tanto— el derecho de los recurrentes a no sufrir discriminación por razón de su afiliación a un sindicato (art. 28.1 CE). Las consideraciones que anteceden conducen a la estimación del amparo y sólo resta determinar el alcance de los pronunciamientos previstos en el art. 55 LOTC. En este sentido, toda vez que la Sentencia de instancia declaró la nulidad de los despidos por lesión del derecho a la libertad sindical de los actores, bastará para restablecer a éstos en la integridad de su derecho con anular la Sentencia de suplicación impugnada, declarando la firmeza de la Sentencia dictada en la instancia por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Málaga, como señala el Ministerio Fiscal.

222 visualizaciones2 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo